Tras una redada en un gran burdel, la fiscalía de Berlín alegó una conexión con la delincuencia organizada sin pruebas reales.
Los propietarios denunciaron esta insinuación y los tribunales les dieron la razón.
Para evitar una condena del gobierno de Berlín, el tribunal propuso un trato al gobierno de la ciudad: ninguna condena a cambio de una multa de 25.000 euros para UNICEF.
¡No te creerías lo que ha pasado!
El Gobierno rechazó esta propuesta de mediación. Ahora ha sido sentenciado: Tiene que pagar 100.000 euros + 11.000 euros de intereses a los dueños del burdel. Dinero de los contribuyentes, por supuesto.
Como suele decirse: "Alemania es un país rico".