Si vas a un hotel en España el Gobierno sabrá tus datos: así es el inédito sistema de control masivo que prepara Interior
Enrique Pérez
Actualizado 30 Septiembre 2024, 13:44
Fuente: www.xataka.com
- A partir de diciembre entra en vigor un nuevo Real Decreto
- Se exigirá a los hoteles y plataformas como Airbnb recabar hasta 42 datos personales distintos
- Expertos en protección de datos coinciden en que es desproporcionado
A partir del próximo 2 de diciembre entrará en vigor el nuevo Real Decreto 933/2021. Una nueva ley aprobada por el Ministerio del Interior que añade nuevas obligaciones al hospedarse en un hotel. Entre ellas, proporcionar hasta 18 nuevos datos. Un enorme cambio respecto a nuestra privacidad, pues donde antes únicamente se compartían una serie de datos puntuales, ahora sabrán hasta el número de móvil o la fecha de caducidad de la tarjeta utilizada.
El terrorismo como excusa para invadir nuestra privacidad
Según se justifica en el propio BOE:
"los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado".
Debido a esta amenaza, el ministerio de Interior aprobó el año pasado una ley donde se exige a los hoteles, pero también a agencias de viaje, alquiler de coches y plataformas como Airbnb, que recolecten toda una serie de nuevos datos y los compartan directamente con la Secretaría de Estado de Seguridad, más allá de la Policía.
Hasta 42 datos al hospedarse
Según se refleja en el anexo 1 del Real Decreto, los viajeros deberán proporcionar hasta 42 datos distintos, en comparación con los 14 datos que se establecía en la anterior legislación de 2003.
Si por ejemplo hasta ahora solo dábamos el DNI y la fecha de nacimiento, ahora también se proporcionará el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y fijo, el correo y la relación de parentesco entre los viajeros en caso de que haya un menor de edad.
También se guardarán los datos del inmueble en el que se alojará el viajero y los datos de pago, desde el titular de la tarjeta hasta la fecha de caducidad de esta.
Tabla comparativa entre los datos de los viajeros que los establecimientos (profesionales) de hospedaje debían recabar y comunicar a la policía hasta ahora, según la OM 2003 (14) y los que deberán recabar y comunicar a partir de ahora (¡42!), según el RD 2021. En rojo los nuevos.
Qué dice la AEPD
Una solicitud de datos de este calibre no puede hacerse correctamente sin contar con la visión de la Agencia Española de Protección de Datos. El Real Decreto confirma que ha obtenido el informe técnico.
La AEPD expone que "será preciso contar con la debida legitimación para que la mencionada interconexión pueda tener lugar, en el ámbito de una investigación determinada".
Desproporcionado
En respuesta a Xataka, Borja Adsuara, profesor y abogado en Derecho Digital, explica que
"la interconexión con otras policías sólo debe hacerse en la investigación de un caso concreto. No se pueden compartir todos nuestros datos. Es lo que dice la AEPD".
Es decir, el ministerio de Interior está solicitando de base una enorme cantidad de datos, que solo estaría justificado hacer en casos concretos.
"Yo opino que los datos que se piden son desproporcionados para el fin previsto. Si el objetivo del Real Decreto es luchar contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, ¿por qué se piden todos esos datos a los ciudadanos españoles?",
cuestiona Adsuara.
El Gobierno de España vuelve a demostrar su desinterés por la privacidad
Esta enorme cantidad de datos al hospedarse que se empezará a solicitar a partir de diciembre es algo inédito en Europa. Ningún país de la Unión Europea contempla solicitar tal cantidad de datos a los viajeros.
El Ministerio del Interior, encabezado por Grande-Marlaska, pone de nuevo el foco en la seguridad muy por encima de la privacidad de los ciudadanos. Los argumentos son similares al caso de Chat Control, donde por intentar luchar contra el abuso sexual infantil se propuso romper el cifrado de las conversaciones. En este caso, la lucha contra el terrorismo se utiliza como justificación para una enorme solicitud de datos que los expertos claramente exponen que no está justificada.
